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NOTICIA DEL MES DE JULIO 2020
 
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Delitos de atentado y resistencia a la autoridad.
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Los delitos recogidos en el Capítulo II del Título XXII (delitos contra el orden público) del Código Penal son delitos públicos, en los que se pretende defender el orden público, entendido este como la buena y pacífica convivencia de los ciudadanos que componen una sociedad, en este caso la española.

Según lo establecido en el artículo 550 del Código Penal, son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.


Delito de atentado contra la autoridad

Los delitos de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad vienen regulados en los artículos 550 al 556 del Código Penal:

El delito de atentado contra la autoridad es aquel que se da cuando se realizan determinados actos violentos o intimidantes contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos.

Concretamente el Código Penal lo recoge de la siguiente forma: Son reos de atentado contra la autoridad los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.


Elementos esenciales en delito de atentado, resistencia y desobediencia contra la autoridad

Por lo tanto, podemos desglosar como elementos esenciales lo siguiente:

- Debe haber una agresión, intimidación grave o violencia.

- Esta agresión, intimidación o violencia debe servir para oponer resistencia grave o se debe hacer cuando los sujetos estén en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas.

- Esta resistencia se debe hacer a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos.


Penas por el delito de atentado contra la autoridad

El que cometa este delito de atentado contra la autoridad será castigado con:

- Prisión de 1 a 4 años y multa de 3 a 6 meses si el atentado se ha realizado contra autoridad.

- La Pena de prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses si la autoridad contra la que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal.

- Pena de prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos.

Se impondrá la pena superior en grado a las respectivamente previstas siempre que el atentado se cometa:

- Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.

- Cuando el acto de violencia resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves.

- Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.
- Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

En cuanto a la provocación, la conspiración y la proposición para cualquiera de estos delitos, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.


Desobediencia grave a la autoridad

Será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 18 meses, a los que, sin ser ninguno de los sujetos mencionados ya, resistan o desobedezcan gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Aquí, como se ve, no se incluye al resto de funcionarios públicos. Por su lado, serán castigados con la pena de multa de 1 a 3 meses los que falten al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones.

En el Código Penal de 1995, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, se regulan dos conductas de resistencia a la autoridad o sus agentes:

- Delito de resistencia activa grave. Está previsto como forma de atentado en el artículo 550 del Código Penal situado dentro del Libro II, Título XXII llamado “Delitos contra el orden público”, en el Capítulo II que se titula “De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos y de la resistencia y desobediencia”.

- Delito de resistencia o desobediencia genérico. Está previsto en el artículo 556 del Código Penal con la misma ubicación sistemática que el delito anterior.



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